Hace unas semanas el Ministerio de Empleo anuncio una iniciativa para evitar el fraude laboral de quienes trabajan ilegalmente recibiendo prestaciones por desempleo, con un singular método: la denuncia anónima y un buzón habilitado para ello.

La idea es rotunda: denuncie de manera anónima a su vecino, a su compañero de trabajo, o a un conocido, si tiene información, o incluso si no la tiene, puede acusarle de que trabaja en la economía sumergida y al mismo tiempo cobra algún tipo de prestación por desempleo.

Quede claro que la conducta inmoral e ilegal de quienes perciben ayudas públicas por desempleo deben quedar al descubierto. Por descontado, ese tipo de conductas insolidarias deben ser perseguidas y sancionadas.

Pero el estudio pormenorizado de este fenómeno a través de los datos ofrecidos hasta la fecha por el Ministerio de Trabajo en su labor de inspección y control del fraude laboral revelan algunas conclusiones: hay una media mensual de casi 1.000 situaciones de fraude de los casi 3.000.000 de perceptores de prestación por desempleo. Es decir, unas 12.000 infracciones al año. O más sencillo si cabe, cuatro de cada mil perceptores hace trampas. Muy mal ese comportamiento de los infractores, pero situado con los datos y en sus justos términos.

Una cifra insignificante en términos absolutos y relativos y que, sin embargo, el Gobierno se ha encargado de poner el foco mediático dar con este reclamo de la denuncia anónima y ciudadana.

Se echa en falta, sin embargo, por el mismo motivo la persecución desde la Administración de otro fraude, éste mucho mas contundente en el montante económico, como es el fiscal y tributario.

Según el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), las cifras de fraude fiscal pueden ascender a mas de 72.000 millones de euros al año.

Y de estas cifras, astronómicas por otro lado, el porcentaje de fraudes fiscales detallado por sectores (gran empresa, pequeña empresa, autónomos, familias) ofrece una magnitud llamativa: El 72% de todo el fraude fiscal que se comete en el conjunto del Estado proviene de las grandes empresas y grandes fortunas, las pequeñas empresas supone el 17% del monto total, y las familias el 2%. Cifras que hablan por si solas de donde está realmente el pozo maloliente del fraude en la actualidad.

El propio colectivo de técnicos de Hacienda pone en evidencia la falta de personal con que cuentan los servicios de Inspección de Hacienda. Hace casi un año, en un Encuentro Anual celebrado precisamente en Santander pusieron sobre la mesa otro dato: Alemania gasta cinco veces más e la lucha contra el fraude fiscal que España. En concreto, Alemania destina 6.973 millones de euros y España tan sólo 1.400 millones de euros. Cifras recientes y una demoledora diferencia entre ambos Estados, se mire como se mire.

Un análisis somero nos indica que las grandes bolsas de fraude fiscal y tributario no están siendo combatidas con personal suficiente por parte de la Inspección y, sin embargo, un fraude, mucho menor como el laboral, se instaura un buzón anónimo para que unos trabajadores se “chiven” contra otros.

Suena a aquella frase de “matar moscas a cañonazos” cuando elefantes y otras bestias campan a sus anchas. No olvidemos por otro lado, la “amnistía fiscal” que el Gobierno puso en marcha en 2.012, que aunque no tuvo gran éxito recaudatorio, dejo bien a las claras las intenciones de “dar perdón” a quienes habían burlado al fisco del Estado.

Otro fenómeno, no menos curioso, de este “buzón anónimo” es la siembra desde los poderes públicos en el subconsciente de la población, de que la culpa de la actual crisis financiera y económica esta originado por el fraude laboral que cometen las personas desempleadas, retratadas de manera generalizada y señaladas por el dedo acusador gubernamental. Nada más falso que ese retrato de trazo grueso y manipulado.

Sin duda, el fomento del “chivatazo” anónimo, el ejercicio de la delación que el Ministerio de Trabajo quiere emprender, va a contribuir a la generación de desconfianza y división entre los ciudadanos, en momentos en que la ciudadanía necesita cohesión y confianza mutua. Además los datos de las primeras semanas apuntan a que será una medida poco efectiva a la hora de combatir el fraude laboral.

Quizás, y es una modesta aportación en positivo, sería mas efectiva la medida de dotar con mayor número de efectivos a las plantillas de Inspectores de Trabajo y de Hacienda, como hace Alemania, y que sus inspecciones se puedan intensificar en número y en pesquisas, para erradicar todo tipo de fraude a las arcas públicas.

Porque si situamos y centramos el marco de debate entorno al fraude en todas sus vertientes, el fraude fiscal se lleva la palma. Y curiosamente, para este fraude no hay buzones anónimos.

Por tanto, que los buzones, como los árboles, no nos impidan ver el bosque.

Artículo publicado en «El Diario Montañés» del sábado 19 de octubre de 2013