En la actualidad, el ciudadano de a pié sufre una de las mayores lacras de la sociedad: la corrupción. Este azote social, presenta un abanico muy variado de formas y expresiones. Una de las manifestaciones más dañina de esa corrupción es la llamada “Corrupción Estructural”: la que convive con el sistema y que se ha convertido en habitual en muchas prácticas empresariales e institucionales.

Por ejemplo, en los “Cárteles”, prácticas ilegales entre empresas, un juego sucio que permite repartirse el mercado en la práctica totalidad de la economía, a raíz de los datos que a diario nos ofrecen los medios de comunicación, y que en los últimos cuatro años ha llevado al organismo regulador de la Competencia, a abrir cerca de cien expedientes en diferentes actividades de mercado, con sus correspondientes sanciones.

Desde la leche que tomamos en el desayuno, el asfalto de las carreteras por las que circulamos cuando vamos a trabajar, el hormigón de los puentes e infraestructuras que atravesamos todos los días, han estado salpicados recientemente de escándalos y multas cuantiosas, algunos de los cuáles han tocado muy de cerca a nuestra Comunidad de Cantabria. La lista es larga: la energía, la venta de automóviles, la recogida de basuras, y otros servicios comunes han sido objeto de inspección y sanción.

Si convenimos que vivimos una crisis económica y social sin precedentes, en que básicamente ni a los particulares ni a las instituciones “nos llega el dinero a final de mes”, este tipo de corrupción estructural, depredadora y orquestada por unos cuantos (pocos), está lastrando el desarrollo económico y generando ineficiencia y distorsiones considerables al mercado.

A las empresas las supone incrementar los costes de sus actividades empresariales, pues a la suma de sus costes legítimos en proveedores hay que sumarles los márgenes que estos cárteles se embolsan de manera fraudulenta, además de distorsionar el terreno de juego fortaleciendo a las empresas “tramposas” y dejando en fuera de juego a las empresas que juegan limpio.

También estos cárteles generan distorsión y sobrecostes económicos a los gobiernos y administraciones publicas al perderse dinero público que supone quitárselo a otras inversiones públicas que son muy necesarias en estos tiempos.

Los responsables políticos y los funcionarios son también una variable que puede o no facilitar estos comportamientos corruptos. Dificultando o allanando el camino a estos tratos pueden erradicar estas prácticas o ponerlas “puente de plata”. La experiencia en Cantabria con alguno de estos cárteles, debiera poner en alerta a toda la maquinaria administrativa, política y judicial para que este tipo de prácticas fueran erradicados para siempre en Cantabria. No es admisible que responsables políticos muestren cara de asombro cuando se destape alguno de estos casos: o su responsabilidad “in vigilando” está en entredicho, o cabría pensar en connivencias con el sector que en nada benefician a la sociedad.

Existe un consenso cada vez más generalizado en el sentido de que la corrupción en el gobierno y en el mundo empresarial frena el crecimiento económico y puede perpetuar la crisis en la que vivimos. Dado que los recursos financieros son cada vez más escasos y que la corrupción los agota, es improbable que quienes no demuestren un compromiso de reducir la corrupción consigan un desarrollo sostenible a largo plazo.

Y lo peor es que el diseño de instituciones y de sociedad civil que existe en la actualidad no ofrece los estándares de calidad democrática de los países de nuestro entorno porque no somos exigentes con nuestros gobernantes; nos hemos configurado como una sociedad civil incapaz de exigir y reaccionar; y para cerrar el círculo, no parece que la justicia ejerza su poder equilibrador. Difícil situación en la que encaramos un final de año 2.015 con posibles cambios políticos e institucionales.

La corrupción no es específica de los países pobres o ricos, de países en desarrollo o los llamados emergentes. La forma preferida de corrupción varía de un país a otro, y se aprecia que en países más transparentes y democráticos adopta formas más sutiles y complejas, como pueden ser esos cárteles empresariales.

La clave para en alguna medida frenar la corrupción posiblemente se encuentre en el fortalecimiento del tejido social e institucional. En este sentido, sería deseable que en un futuro cercano pueda aprobarse por el Parlamento de Cantabria una Ley de Transparencia que consiga blindar el sistema institucional tanto de Gobierno como de los Ayuntamientos y otros organismos públicos, de cara a impedir este tipo de prácticas de corruptela estructural, que a través de los cárteles, tanto han esquilmado las arcas públicas y tanto han deteriorado el panorama empresarial de Cantabria.

No es de recibo que en nuestra Comunidad Autónoma contemplemos como el Presidente o sus Consejeros, ante las evidencias y prácticas de estos Cárteles, puedan afirmar “que no sabían nada”, o “que se habían enterado por la prensa”. No tendríamos buen “Cartel”.

Artículo publicado en «El Diario Montañés» el 27 de Noviembre de 2015