Parece que se ha reabierto el debate social acerca del recorte al sistema publico de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno y su, famosa ya, Comisión de Expertos para la elaboración del informe de sostenibilidad de las pensiones.

Sin olvidar, claro está, la presión que desde la Comisión Europea se da un día si, y otro también, para que el Estado español acometa el tema de las pensiones. Cuando menos llamativa la obsesión, en este tema, olvidando otros quizá mas prioritarios.

No trato de entrar en aspectos técnicos de del sistema público de pensiones, pero si creo conveniente dejar apuntadas algunas notas y cuestiones que merece la pena dejar escritas de manera precisa.

¿Gasta mucho o poco España en pensiones en la actualidad?

La respuesta puede ser variada en función de quien la dé. Pero tomando como base un indicador bastante fiable como el PIB (Producto Interior Bruto), España gasta en pensiones cada año el 10% de su PIB, y la media de gasto de los países de la zona del Euro es del 12,2%.

Incluso el incremento de personas mayores y envejecimiento de la sociedad que hay previsto en los próximos años, en su proyección económica, sitúan el gasto en pensiones en el 11,5% del PIB dentro de 30 años, muy alejados de ese 12,2% de media de la Eurozona.

No parece por tanto, que a la luz de los porcentajes, se pueda exagerar como se está haciendo en la actualidad con planteamientos a vida o muerte del sistema de pensiones y su urgente modificación. Salvo que las prisas tengan otros motivos no confesables.

¿El sistema público de pensiones debe ser autofinanciado para poder subsistir?

Hay que aclarar que hoy por hoy no existe obligación legal de que el sistema sea autofinanciado. Y si hubiera en el futuro mas o menos próximo algún desfase entre los ingresos vía cotizaciones sociales y los gastos de pensiones, éste podría ser cubierto sin problema por los impuestos que el Estado recauda en su día a día vía Presupuesto.

De hecho, los impuestos del Estado ya se llevan usando con el mismo fin a otros asuntos distintos. Así, por ejemplo, el sistema financiero y algunas Cajas de Ahorros muy concretas han sido rescatadas y ayudadas con ingentes cantidades que superan los 40.000 millones de euros y que provienen de nuestros  impuestos ordinarios, o, por poner otro ejemplo, varias infraestructuras y concesiones en manos privadas han sido rescatadas también, autopistas por poner el caso, con ayudas superiores a los 4.000 millones de euros. Y esto en el último año y por no ir más atrás.

Partimos del hecho innegable de que las pensiones son un Derecho, con mayúsculas, por el cual, el Estado debe atender su pago con cualquiera de los ingresos que tenga (cotizaciones o impuestos). Y teniendo esto claro, no hace falta hablar de “viabilidad” ni “sostenibilidad”, pues son planteamientos obscenos en el marco de debate en torno al futuro de las pensiones.

¿Es sensato el planteamiento de querer recortar las pensiones, tal y como se deja entrever en informaciones publicadas en los medios de comunicación?

Está demostrado en las cifras y balances de recaudación del Estado, que en épocas de crisis y recesión como ésta, mantener el poder adquisitivo de la población jubilada a través de su pensión evita la desprotección económica de un colectivo muy numeroso y vulnerable, y del que no hay que olvidar , que no sólo ellos, que también, sino sus hijos y nietos en muchos casos sin ingresos de ningún tipo, sobreviven de la ayuda económica de sus “mayores”.

Este marco de estabilidad socio-familiar en niveles de subsistencia y que ejerce de tapa de una olla donde se cocina un posible estallido social en la calle, que por el momento no se ha manifestado de manera drástica, pero que un golpe al poder adquisitivo de las pensiones puede acelerar.

Por ello, antes que de este debate se tomen decisiones políticas, hay que encontrar la mayor claridad posible ante la ciudadanía en los conceptos básicos de nuestro sistema público de pensiones.

Algunos estrategas de la comunicación prefieren situar en el marco de debate público de las pensiones palabras como “viabilidad” o “sostenibilidad” , cuando realmente habría que hablar de “derechos subjetivos” o “solidaridad intergeneracional”.

Incluso pretender hablar de “Reforma”, palabra que inconscientemente tiene connotaciones semánticas de mejorar algo que está mal, cuando realmente, a la luz de los borradores que se van conociendo, es llevar a peor un derecho de los ciudadanos, debe ser desterrada del debate. Sería más propio semánticamente hablando, utilizar palabras como “Contrarreforma” o “Recorte” de las pensiones.

Hablar de los derechos de los ciudadanos y la solidaridad, debe ser el camino que puede contribuir a centrar el debate en los verdaderos valores que deben sostener un sistema como éste, de mas de 100 años de vigencia y pilar básico del Estado de Bienestar.

Lo contrario, nos sitúa en el precipicio, y socavando y rebajando este derecho, pondríamos en duda las reglas de juego de este pacto social y democrático que algunos llaman Estado Social y Democrático de Derecho.

Artículo publicado en «El Diario Montañés» el lunes 23 de septiembre de 2.013