Hemos conocido recientemente una cifra rotunda: En el conjunto del Estado y de sus instituciones hay más de 10.000 personas aforadas. Se mire por donde se mire, o se intente justificar de mil maneras, son demasiadas personas las que disfrutan de ese privilegio procesal.

Y más cuando lo comparamos con Estados como Portugal o Italia donde no existe más aforado que el Presidente de la República, es decir, uno. O en Francia, donde hay diez aforados. Pero sin duda, otra cifra rotunda la tenemos en Alemania o Reino Unido, donde no hay una sola persona aforada. Cuando somos tan dados a compararnos en cifras con nuestro entorno europeo, estas son las magnitudes a las que debiéramos hacerlo.

El aforamiento, dicho de manera sencilla es un privilegio procesal del que gozan los parlamentarios y los altos cargos, del Estado y de las Autonomías, y supone alterar las reglas de la competencia procesal, de tal manera que son encausados y juzgados por determinados tribunales previamente señalados y no por los tribunales ordinarios como sucede con el resto de ciudadanos.

En Cantabria, la cifra de personas aforadas sobrepasa bastante el centenar, sí, he dicho bien, más de cien personas disfrutan de ese privilegio. La cuenta es clara: 39 parlamentarios autonómicos, 60 altos cargos del Gobierno de Cantabria, más los miembros de la judicatura y fiscalía correspondiente al ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Y si tenemos en cuenta que es el propio Parlamento de Cantabria quien propone con nombres y apellidos el nombramiento de esos magistrados (que recordemos son los que instruyen, deciden y juzgan los casos que afectan a aforados) para ser finalmente ratificados por el Consejo General del Poder Judicial, órgano de por si suficientemente polítizado también, se entiende mejor este amor y este cariño que tienen algunos a mantener vigente el aforamiento en estos días.

Este sistema perverso a la hora de designar a estos Tribunales, Supremo y Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, es el que invita a que el número de personas e instituciones que quieran pasar a ser aforadas haya aumentado en el pasado reciente y quiera seguir aumentando en el futuro.

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela datos de la enorme distancia que existe entre los políticos y los ciudadanos, llegándose a calificar a la clase política en su conjunto como el tercer problema que perciben los ciudadanos, sólo superado por la crisis económica y el desempleo. Y el mantenimiento de privilegios como el aforamiento y otros muchos, no ayudan en nada a cambiar esta visión negativa de la actuación política.

Un Fiscal del Tribunal Supremo, Manuel Dolz, hace menos de un mes, pedía públicamente que se suprimieran todos los privilegios, incluido el aforamiento porque suponen un privilegio procesal y un desprecio a los jueces ordinarios.

La Sala de Gobierno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana, también el mes pasado afirmaba que los aforamientos en España eran excesivos, y que los actuales cambios legislativos puestos en marcha van en la línea contraria, es decir, tienden a aumentar aun más si cabe esta cifra.

 Son épocas estas, muy dadas en anunciar medidas de regeneración política y democrática. En Cantabria se ha reducido el número de parlamentarios de 39 a 35, y se quiere cambiar en todo el Estado el sistema de elección de los alcaldes para las próximas elecciones municipales bajo el criterio de la lista más votada. Y ese yo creo que no es el camino. Más bien se trata de distraer al personal.

 Me atrevo a proponer una medida muy sencilla y concreta que seguro contribuiría a regenerar el sistema o cuando menos la percepción que la sociedad tiene de la clase política: modificar el Estatuto de Autonomía de Cantabria en el sentido de eliminar este privilegio procesal. Que un político, sea diputado autonómico o alto cargo del Gobierno de Cantabria, tenga el mismo tratamiento ante la justicia que cualquier otro ciudadano cántabro. Sencillo, ¿no?. Cuando hay voluntad política real, las cosas pueden hacerse de manera “express”. Para otras cuestiones concretas bien rápido se hicieron algunas reformas, incluso de la Constitución Española. ¿Por qué no para ésta?

 Medidas que cambien los vicios del sistema y que supongan abolir los privilegios absurdos son las que se precisan en estos momentos para evitar que la clase política y la sociedad se distancien mas. Son las que marcarán la verdadera “regeneración” del sistema. No las cortinas de humo que desde las tribunas y los despachos de los privilegiados, puedan lanzar unos y otros.

Artículo publicado en «El Diario Montañés», el 4 de agosto de 2.014